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3. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA OBRAS PÚBLICAS - DECÁLOGO

- Reactivar y modernizar de manera urgente el sistema de contratación público dotándolo de medios técnicos y humanos suficientes para la aceleración de todos los procesos administrativos de licitación pública de infraestructuras sanitarias, viarias, educativas, de tratamiento y reutilización de aguas, regadíos, de gestión de residuos, etc.

- Potenciar la externalización de aquellos procedimientos que lo permitan en aras a su agilidad y promover la colaboración de los Colegios profesionales para agilizar los procedimientos.

- Priorizar la adjudicación y formalización de contratos de los procedimientos iniciados antes de esta crisis y la continuación de los procedimientos de licitación previstos.

- Fomentar una mayor participación en los procesos de licitación pública adecuando las condiciones de acceso a las mismas para incrementar el número de aspirantes y facilitando el acceso a empresas y profesionales canarios. Para ello debe ponerse en valor el talento y la capacidad técnica y no exclusivamente la experiencia en la prestación anterior de obras o servicios de igual magnitud.

- Agilización de las infraestructuras viarias pendientes; las estratégicas incluidas en el convenio de carreteras con el Estado y las de mejora de la red viaria con cargo a los Cabildos insulares, imprescindibles para la movilidad en la isla y para incentivar el trabajo dentro de las islas con la incorporación de profesionales colegiados que hoy están en una situación de paro absoluto. Su construcción serviría también para favorecer el desplazamiento hacia aquellas zonas de la isla que por sus especiales circunstancias están en peor situación económica. De las Administraciones Públicas depende la agilización y la ayuda hacia la consecución del fin que pretendemos y de los Profesionales que unidos todos colaboremos para su consecución.

- Modificación del Convenio de Carreteras para dotarlo de las verdaderas necesidades presupuestarias de las actuaciones en él recogidas y para eliminar los artículos más lesivos hacia la Comunidad Autónoma; plazos, nuevas actuaciones, etc.

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2. COMPETITIVIDAD LABORAL - DECÁLOGO

- Activar con urgencia planes de formación que incentiven el empleo y a la vez la movilidad de recursos humanos hacia aquellos sectores productivos y actividades, tanto nuevos como tradicionales, con mejores expectativas. Para ello será necesario contar con plataformas adecuadas en las que integrar cursos de naturaleza diversa: tecnología, idiomas, finanzas, fiscalidad, instalaciones, prevención de riesgos, marketing y comercialización de productos entre otros. Es muy importante además que dichos planes formativos sean de calidad para crear empleos cualificados.

- Fomentar la formación en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías: inteligencia artificial, internet de las cosas, ciberseguridad, biometría, blockchain, robótica, realidad virtual, big data, etc.

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1. MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DECÁLOGO

- Propiciar el rearme técnico de las Administraciones Públicas de tal manera que puedan estar dotadas de un cuerpo técnico en número y preparación suficiente, cubriendo las plazas disponibles a la mayor brevedad posible. La función pública de la ingeniería va a resultar trascendental en este nuevo escenario tal y como lo ha venido siendo desde el primer momento de la crisis.

- Revisar los procedimientos administrativos y, si procede, simplificar, sobre todo los relacionados con autorizaciones, permisos y licencias de desarrollo de una actividad o puesta en marcha de un proyecto empresarial y en la modernización y rehabilitación de las existentes. La rapidez en facilitar el inicio de actividades y obras es fundamental para la reactivación económica. Todo ello sin perjuicio de los controles posteriores que puede y debe llevar a cabo la administración.
Para estos casos, podrían articularse procedimientos de colaboración con los colegios profesionales, de forma que con el informe favorable de éstos, la incorporación de un seguro de responsabilidad civil suficiente y una declaración responsable puedan iniciarse las actividades y obras.

- Buscar los mecanismos que permitan la tramitación acelerada y según los casos el silencio positivo de la administración en aquellos proyectos y obras de rehabilitación, principalmente en infraestructuras turísticas, áreas comerciales y vivienda.

- Implementar de manera efectiva los procedimientos administrativos a través de las sedes electrónicas permitiendo la implantación de la gestión telemática de expedientes en todas las administraciones haciendo posible la presentación de archivos de gran tamaño y mejorando la velocidad en la gestión de presentación de documentación y la reducción de tiempos de espera para conseguir acelerar los procedimientos. Todo ello priorizando aquellos procedimiento relacionados con actividades económicas así como la mejora de los entornos e itinerarios de ciertas sedes electrónicas. Para ello será necesaria una adecuada dotación de medios técnicos y la formación requerida a los empleados públicos.
Esta implantación de la gestión telemática de expedientes en las administraciones permitirá acelerar los procedimientos y evitar desplazamientos a los edificios públicos.

- Colaborar estrechamente las administraciones públicas y los colegios profesionales en la revisión de procedimientos para la concesión de licencias de construcción, autorizaciones ambientales y autorizaciones de ámbito urbanístico y de ordenación del territorio, así como de toda aquella normativa autonómica o local que deba revisarse de cara a favorecer determinadas actividades que permitan el desarrollo económico del archipiélago.
En la misma línea el desarrollo conjunto de canales para el establecimiento de consensos técnicos vinculantes y listas de verificación y control de la idoneidad de las actuaciones para unificar su revisión y aportar garantía jurídica a los promotores y proyectistas al minimizar los márgenes de interpretación de las normas de aplicación.

- Establecer un plan por parte de las administraciones publicas de pagos a proveedores de bienes y servicios que asegure el pago y la no suspensión de contratos así como la financiación y pago de los contratos de obras y suministros para evitar situaciones de quiebra o suspensión de pagos en cascada, estableciendo un período máximo de 30 días para hacer efectivo dicho pago consiguiendo mantener la gestión económica de los contratos saneada y permitiendo incrementar el volumen del tejido empresarial que sin duda beneficiará al desarrollo económico y social de Canarias.

- Establecer por parte de las administraciones mecanismos de control simplificados que puedan realizarse de forma telemática, reforzando los servicios de tesorería e intervención, para reducir los periodos medios de pago.

- Permitir compensar los impuestos con las deudas que la Administración tiene contraídas con las empresas, de tal forma que, en el momento de pagar el IGIC o el Impuesto de Sociedades, se pudiera incluir como parte del pago las certificaciones aprobadas pendiente de cobro (a modo de endosos).

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10 PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

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