– Propiciar el rearme técnico de las Administraciones Públicas de tal manera que puedan estar dotadas de un cuerpo técnico en número y preparación suficiente, cubriendo las plazas disponibles a la mayor brevedad posible. La función pública de la ingeniería va a resultar trascendental en este nuevo escenario tal y como lo ha venido siendo desde el primer momento de la crisis.
– Revisar los procedimientos administrativos y, si procede, simplificar, sobre todo los relacionados con autorizaciones, permisos y licencias de desarrollo de una actividad o puesta en marcha de un proyecto empresarial y en la modernización y rehabilitación de las existentes. La rapidez en facilitar el inicio de actividades y obras es fundamental para la reactivación económica. Todo ello sin perjuicio de los controles posteriores que puede y debe llevar a cabo la administración.
Para estos casos, podrían articularse procedimientos de colaboración con los colegios profesionales, de forma que con el informe favorable de éstos, la incorporación de un seguro de responsabilidad civil suficiente y una declaración responsable puedan iniciarse las actividades y obras.
– Buscar los mecanismos que permitan la tramitación acelerada y según los casos el silencio positivo de la administración en aquellos proyectos y obras de rehabilitación, principalmente en infraestructuras turísticas, áreas comerciales y vivienda.
– Implementar de manera efectiva los procedimientos administrativos a través de las sedes electrónicas permitiendo la implantación de la gestión telemática de expedientes en todas las administraciones haciendo posible la presentación de archivos de gran tamaño y mejorando la velocidad en la gestión de presentación de documentación y la reducción de tiempos de espera para conseguir acelerar los procedimientos. Todo ello priorizando aquellos procedimiento relacionados con actividades económicas así como la mejora de los entornos e itinerarios de ciertas sedes electrónicas. Para ello será necesaria una adecuada dotación de medios técnicos y la formación requerida a los empleados públicos.
Esta implantación de la gestión telemática de expedientes en las administraciones permitirá acelerar los procedimientos y evitar desplazamientos a los edificios públicos.
– Colaborar estrechamente las administraciones públicas y los colegios profesionales en la revisión de procedimientos para la concesión de licencias de construcción, autorizaciones ambientales y autorizaciones de ámbito urbanístico y de ordenación del territorio, así como de toda aquella normativa autonómica o local que deba revisarse de cara a favorecer determinadas actividades que permitan el desarrollo económico del archipiélago.
En la misma línea el desarrollo conjunto de canales para el establecimiento de consensos técnicos vinculantes y listas de verificación y control de la idoneidad de las actuaciones para unificar su revisión y aportar garantía jurídica a los promotores y proyectistas al minimizar los márgenes de interpretación de las normas de aplicación.
– Establecer un plan por parte de las administraciones publicas de pagos a proveedores de bienes y servicios que asegure el pago y la no suspensión de contratos así como la financiación y pago de los contratos de obras y suministros para evitar situaciones de quiebra o suspensión de pagos en cascada, estableciendo un período máximo de 30 días para hacer efectivo dicho pago consiguiendo mantener la gestión económica de los contratos saneada y permitiendo incrementar el volumen del tejido empresarial que sin duda beneficiará al desarrollo económico y social de Canarias.
– Establecer por parte de las administraciones mecanismos de control simplificados que puedan realizarse de forma telemática, reforzando los servicios de tesorería e intervención, para reducir los periodos medios de pago.
– Permitir compensar los impuestos con las deudas que la Administración tiene contraídas con las empresas, de tal forma que, en el momento de pagar el IGIC o el Impuesto de Sociedades, se pudiera incluir como parte del pago las certificaciones aprobadas pendiente de cobro (a modo de endosos).